La propuesta de Ley de Movilidad Sostenible no se ajusta a la necesaria transición ecológica que la sociedad española necesita; no atiende a la situación de emergencia climática en la que estamos; no establece un sistema multimodal de transporte que alcance la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, logrando la máxima accesibilidad con la mínima movilidad; no ofrece el “billete único” para todas las personas y para todo el territorio estatal; y no resuelve el reparto equitativo de una eficiente financiación presupuestaria del transporte colectivo basándose en la “obligación de servicio público”.

En el Artículo 7, referido a los objetivos del sistema español de transporte sostenible, el anteproyecto no ha recogido la propuesta de situar la neutralidad climática del transporte en 2050, que tiene aprobada la Unión Europea, ni ha establecido significativas reducciones de las emisiones de gases con efecto de invernadero, en 2030 y en 2040, respecto a 1990.

Habíamos reconocido, las plataformas ciudadanas por el tren, que “el concepto aplicado en el Anteproyecto de Ley de “Sistema Nacional de Movilidad Sostenible” resultaba la primera aproximación del Ministerio del Transporte a lo que hemos venido denominando nosotras “Sistema Multimodal de Transporte”. Pero tristemente las propuestas del anteproyecto de ley no son capaces de lograr que dicho sistema facilite la accesibilidad a los bienes, a los servicios y al contacto con las demás personas, garantizando la máxima accesibilidad con la mínima movilidad.

En el citado Artículo 7 propusimos, en el apartado que se considerara el objetivo de impulso y coordinación de las actuaciones de integración e interoperabilidad de los sistemas de información, títulos de transporte y pago de los servicios de movilidad y demás servicios accesorios o complementarios al transporte, la inclusión del criterio de que en el ámbito de los títulos de transporte, se estableciera el “billete único”, es decir, una única tarjeta de transporte. Pero en el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministras nada se dice al respecto.

Así mismo decíamos que las administraciones públicas deben velar porque el transporte de personas constituya un sistema coordinado, multimodal e integrado, de uso sencillo para la ciudadanía. De esta manera, se deben potenciar los servicios en red dotados de nodos de multimodalidad, mediante los cuales las personas puedan completar su desplazamiento, desde origen hasta destino, con coordinación tanto física como horaria de los servicios del sistema multimodal de transporte, y con billete único válido para todo el territorio estatal que sea incluso útil en los desplazamientos por el resto de los Estados Miembros de la Unión Europea. En las aglomeraciones urbanas deberá existir una autoridad única del transporte público colectivo que puede adoptar la fórmula de los consorcios de transporte.

Por como está redactado el texto del anteproyecto de ley denunciamos que el actual Ministerio del Transporte trata de eludir las responsabilidades de la Administración General del Estado en la financiación del sistema español de transporte sostenible, proponiendo derivar responsabilidades hacia las comunidades autónomas y los municipios.

En concreto señalamos que el fondo estatal para el sostenimiento del transporte público colectivo, ha de facilitar que la Administración General del Estado contribuya, en los términos que se determinen en las disposiciones de desarrollo de la ley, a la financiación de los servicios de transporte público colectivo que operan en el ámbito urbano e interurbano, siempre que su gestión esté atribuida a un consorcio del transporte o una entidad supramunicipal, con independencia de la forma jurídica que adopte. Sin embargo, la propuesta ministerial se ciñe al ámbito urbano en exclusiva, dejando abandonado el ámbito rural.

Dicho abandono del ámbito rural es el que ha llevado al Ministerio del Transporte a intentar cerrar el servicio ferroviario en el tramo Aranjuez-Cuenca-Utiel, en la línea normal Madrid-Cuenca-Valencia.